En su política, la Unión Europea interviene cuando es necesario para evitar conflictos o en respuesta a crisis emergentes o reales. En ciertos casos, la intervención de la UE puede adoptar la forma de medidas restrictivas o "sanciones". La aplicación de sanciones financieras y, más precisamente, la congelación de activos, constituye una obligación para el sector público y privado. En este sentido, una responsabilidad particular recae sobre las instituciones financieras y de crédito, ya que están involucradas en la mayoría de las transferencias financieras. Para facilitar la aplicación de las sanciones financieras, la Federación Bancaria Europea, el Grupo Europeo de Bancos de Ahorro, la Asociación Europea de Bancos Cooperativos, la Asociación Europea de Bancos Públicos ("Federaciones del Sector del Crédito de la UE") y la Comisión Europea han reconocido la necesidad de una lista consolidada de la UE de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras y, más precisamente, la congelación de activos. Las Federaciones del Sector del Crédito crearon una base de datos inicial que contiene la lista consolidada. La Comisión Europea asumió posteriormente esta base de datos y es responsable de su mantenimiento y de mantener actualizada la lista consolidada de sanciones. A este respecto, el Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI) de la Comisión Europea lanzó una nueva página web en junio de 2017, donde se publican en diferentes formatos las listas consolidadas de sanciones financieras que consisten en congelaciones de activos (ver enlace abajo). Descargo de responsabilidad: Si bien se realizan todos los esfuerzos para garantizar que la base de datos y la lista consolidada reproduzcan correctamente todos los datos relevantes de los textos adoptados oficialmente publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, ni la Comisión ni las Federaciones del Sector del Crédito de la UE asumen ninguna responsabilidad por posibles omisiones de datos o errores relevantes, ni por ningún uso de la base de datos o la lista consolidada. Solo la información publicada en el Diario Oficial de la UE se considera auténtica.